Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para aplicar las leyes y procedimientos pertinentes existentes para salvaguardar contra los riesgos ambientales de los proyectos de infraestructura a gran escala. Facilitar la creación de redes entre los grupos de la sociedad civil para compartir conocimientos y lograr una mejor participación de los gobiernos, los prestamistas y las empresas privadas.